La nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y los fichajes de científicos excelentes.

Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación que fue aprobada en el Congreso de los Diputados el pasado 12 de mayo por 289 votos a favor y 3 en contra, votaron a favor los diputados del PSOE, PP, CIU, PNV, CC, ERC y votaron en contra los diputados de IU y UPyD. No votaron 58 diputados que imagino estarían en otras tareas más importantes, como por ejemplo convencer a los del 15M de que sí los representan.
El pasado 2 de junio el Boletín Oficial del Estado publicó la nueva
Uno de los temas más controvertidos de la Ley es todo lo referido a las relaciones laborales del personal del sector de la investigación porque no se recoge el derecho a la carrera profesional para el conjunto de funciones que incluye la actividad investigadora -científicas, técnicas y de gestión-.
Porque no se asegura la carrera continuada del personal investigador, desde la fase predoctoral a la de acceso. ni la estabilidad en el sistema, acortando los plazos de temporalidad, como se había acordado con UGT y CCOO.
Porque no resuelve el grave problema de precariedad existente en este sector, la incorporación en el trámite parlamentario de la disposición adicional vigésimo tercera, que reproduce lo que se introdujo en la reforma laboral (Ley 35/2010),  recoge que no serán de aplicación al ámbito de la investigación tanto pública como privada, dos artículos del Estatuto de los Trabajadores:
- El 15.1 para que no se aplique en los contratos de investigación el límite de tres años en la duración de la contratación temporal.
- El 15.5 que limitaba la temporalidad y daba derecho a la estabilidad en el empleo por el encadenamiento de contratos, tras dos o más contratos temporales que superen los 24 meses en total.
Por tanto, lejos de intentar resolver el problema de precariedad han conseguido lo contrario, estableciendo para estos trabajadores una trato discriminatorio que algunos expertos consideran inconstitucional y que los condenara a una temporalidad permanente y a la consiguiente precariedad.
Resulta por tanto sorprendente que el Secretario de Estado de Investigación, Felipe Pétriz, se dedique en todas sus comparecencias públicas a señalar que “la nueva ley permitirá atraer doctores de prestigio mundial”, como si hasta ahora no pudiese hacerse, y como si esto fuese lo más importante de la ley. Imagino que estos doctores de prestigio se contrataran con el nuevo modelo de "contrato de investigador distinguido" que se podrá celebrar con investigadores españoles o extranjeros de reconocido prestigio en el ámbito científico y técnico, que se encuentren en posesión del título de doctor o equivalente y que tiene unos requisitos específicos recogidos en el artículo 23 de la ley. Supongo que habrá dinero suficiente para "fichar" a los mejores que investigaran o dirigirán equipos humanos, centros de investigación, instalaciones y programas científicos y tecnológicos singulares de gran relevancia lo que impulsará el necesario cambio productivo que todo el mundo defiende menos los que tienen el dinero para impulsarlo.
O tal vez no, y los supuestos investigadores distinguidos se encuentren rodeados de equipos humanos cabreados por su situación de precariedad, falta de promoción profesional y retribuciones recortadas en centros de investigación con presupuestos cada vez más bajos y desarrollen programas que respondan al fomento de la transferencia inversa del conocimiento liderada por el sector empresarial, es decir, que sean las grandes empresas las que decidan las prioridades y objetivos del sector público.
En fin, a lo mejor no se cambia el modelo productivo de este país, pero se facilita a las grandes empresas un modelo para que la investigación finalista y aplicada que ellas no hacen se la hagan desde el sector público a un módico precio.