lunes, 15 de marzo de 2010

El Consejo de Ministros informó el anteproyecto de Ley de la Ciencia pero no lo aprobó o eso parece.

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La página Web de La Moncloa publicó el pasado viernes, 12 de marzo, que la Ministra Cristina Garmendia presentó un Informe sobre el Anteproyecto de Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación al Consejo de Ministros.

Según recoge la citada Web, el Consejo de Ministros ha recibido un Informe de la Ministra de Ciencia e Innovación sobre el Anteproyecto de la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación”.

Al final del breve informe enlazado en el párrafo anterior se puede ampliar la información en otro link que nos remite a un documento de 8 páginas que resume el contenido del anteproyecto.

Ni en la información publicada en la Web de La Moncloa, ni en el documento que ofrece más información se recoge nada sobre la modificación de la Ley Orgánica de Universidades, aprobada en 2001 y modificada en 2007, que se propone en el anteproyecto de Ley de la Ciencia.

Resulta sorprendente que sea el Ministerio de Ciencia e Innovación que perdió las competencias en materia universitaria con la entrada de Gabilondo al Ministerio de Educación el que lidere una reforma tan importante para las universidades y su personal docente e investigador (PDI). Las modificaciones que se proponen en la Ley de la Ciencia suponen una reforma importante para las relaciones laborales del PDI tanto laboral como funcionario y además se hace mientras se está negociando con el Ministerio de Educación el Estatuto del PDI lo que todavía sorprende más. Quizás sea necesario recordar a quien corresponda el principio de la buena fe que preside todas las negociaciones.

Además de lo señalado y de las prisas de MICINN hay otros temas que tampoco están bien resueltos en el anteproyecto, por tanto, hacen bien UGT y CC.OO. diciendo que en los términos actuales este Borrador de Ley no puede tener el apoyo y también muestran su buen criterio manifestando su voluntad de seguir negociando con la Administración para consensuar las mejoras necesarias que permitan apoyar una norma que se considera necesario cambiar.

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