El 22 de mayo a la Huelga contra los recortes educativos.

Apoyo la Huelga convocada para el próximo 22 de mayo porque no comparto ni una línea del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo y porque tampoco comparto las medidas recogidas en el proyecto de ley de Presupuestos Generales de Estado (PGE) para 2012 que implican recortes en la financiación de las universidades y que empeoran sustancialmente mis condiciones de trabajo.

Esta nueva regulación sumada a los recortes que venimos sufriendo desde 2010 supone un ataque sin precedentes en la historia reciente de nuestro país hacia la universidad pública española y hacia los profesionales que trabajamos en ella.
Hoy nadie discute, a pesar del “neolenguaje” y las afirmaciones de Rajoy en campaña electoral, que los recortes educativos previstos para 2012 superan el 25% al igual que los recortes en I+D+i y suponen un retroceso histórico para nuestro pais. Pero además, para justificar todos estos desmanes, el ministro Wert y otros políticos del PP están intentando manipular a la opinión pública. Mienten y ocultan información como se pone de manifiesto en el artículo de José Antonio Pérez García y Juan Hernández Armenteros, “Reforma universitaria: preguntas erróneas, respuestas incorrectas” publicado en El País el 16-4-2012.
En mi opinión lo que esta haciendo el gobierno, con la excusa de la crisis, es desmantelar los servicios públicos para privatizarlos. Por eso el Ministro y algunos voceros se empeñan en decir a la ciudadanía que las universidades públicas españolas son ineficaces, caras e inútiles para crear empleo. Es inaceptable que el máximo responsable de la educación de nuestro país cada vez que tiene oportunidad descalifique a toda la comunidad universitaria para justificar sus desmanes.
Todo el contenido del RD-Ley 14/2012 es un disparte, pero el aumento indiscriminado del precio de las matrículas es un golpe brutal al principio de igualdad de oportunidades porque al mismo tiempo se disminuyen las becas. Serán las CCAA las que tomen la decisión final en un entorno de alto nivel de desempleo y bajos salarios.
Los problemas de la universidad no se solucionan con recortes, imponiendo reformas y dificultando el acceso a la universidad a las personas de rentas más bajas.
Las propuestas del gobierno solo van a conseguir deteriorar el sistema universitario público español y, en consecuencia, deteriorar todavía más la situación de nuestro país.
Soy un empleado público de una universidad y les puedo asegurar que no he vivido por encima de mis posibilidades, tampoco hubiese podido aunque hubiese querido, mi sueldo cada mes da para menos. Desde 2010 me están obligando a pagar la crisis de la que no me considero nada culpable, hasta hoy me han rebajado el salario, me han subido los impuestos y me obligarán a trabajar dos semanas y media más al año.
Hace algunas fechas Manuel Martinez Morales, compañero y amigo, publicaba un post en su blog que se titulaba ¿Y tú qué haces?, para responder con esa pregunta a quienes habitualmente plantean preguntas como: ¿Qué hacen los Sindicatos? ¿Qué hacen los partidos de izquierda?
Pues yo, estoy afiliado a CCOO porque creo que los trabajadores debemos organizarnos para defender nuestros intereses, fuí a la huelga del 8 de junio de 2010 cuando me bajaron el sueldo un 5%, fui a la huelga general del 29 de septiembre cuando el gobierno socialista aprobó la reforma laboral, fui a la huelga general del 29 de marzo para rechazar las reformas de Rajoy, pariticipé en las manifestaciones en defensa de los servicios públicos e iré a la huelga general educativa del 22 de marzo porque no comparto ni la forma, ni el contenido, ni la filosofía de las reformas.
Además, frente a lo que dicen algunos empleados públicos “no creo en las huelgas contra la administración”, yo estoy convencido de que las huelgas siempre sirven, la historia del siglo XX nos lo demuestra. Si salen bien para unas cosas y si salen mal para otras.

Estrenando la Reforma Laboral. Despidos por absentismo.

Las mentiras del PP, el abaratamiento del despido y el despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en el Sector Público

En este vídeo han recogido unas cuantas declaraciones de dirigentes del PP prometiendo no abaratar el despido y criticando al PSOE por no pactar la reforma de 2010. Pero lo más divertido de todo es que ahora pretenderán convencernos de que no se abarata el despido igual que pretenden persuadir a los ciudadanos de que no están recortando los servicios públicos.

Es lamentable que se engañe a los votantes con tanto descaro, especialmente la señora Cospedal, la de la mantilla en las procesiones y la del “cigarral” de varios millones de euros. Escuchando lo que hoy ha dicho y lo que decía en éste video comprendo mucho mejor y comparto totalmente los improperios que ayer le dedicaban los manifestantes “en defensa de los servicios públicos” en Toledo.

Respecto al despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en el Sector Público. La Disposición adicional segunda. Aplicación del despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en el Sector Público del RDL 3/2012, publicado ayer en el BOE dice lo siguiente:
Se añade una disposición adicional vigésima al Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, con el siguiente contenido.
«El despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción del personal laboral al servicio de los entes, organismos y entidades que forman parte del sector público de acuerdo con el artículo 3.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se efectuará conforme a lo dispuesto en los artículos 51 y 52.c) del Estatuto de los Trabajadores y sus normas de desarrollo y en el marco de los mecanismos preventivos y correctivos regulados en la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas.
A efectos de las causas de estos despidos en las Administraciones Públicas a que se refiere el artículo 3.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se entenderá que concurren causas económicas cuando se produzca en las mismas una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos correspondientes. En todo caso, se entenderá que la insuficiencia presupuestaria es persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos. Se entenderá que concurren causas técnicas, cuando se produzcan cambios, entre otros en el ámbito de los medios o instrumentos de la prestación del servicio público de que se trate y causas organizativas, cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal adscrito al servicio público.»
1ª Pregunta. ¿Que dice el artículo 3.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011?
Dice así: Artículo 3. Ámbito subjetivo
1. A los efectos de esta Ley, se considera que forman parte del sector público los siguientes entes, organismos y entidades:
a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local.
b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social.
c) Los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las Universidades Públicas, las Agencias Estatales y cualesquiera entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas a un sujeto que pertenezca al sector público o dependientes del mismo, incluyendo aquellas que, con independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de regulación o control de carácter externo sobre un determinado sector o actividad.
d) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de entidades de las mencionadas en las letras a) a f) del presente apartado sea superior al 50 por 100.
e) Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia a los que se refieren el artículo 6.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y la legislación de régimen local.
f) Las fundaciones que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de una o varias entidades integradas en el sector público, o cuyo patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un 50 por 100 por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades.
g) Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.
h) Cualesquiera entes, organismos o entidades con personalidad jurídica propia, que hayan sido creados específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos pertenecientes al sector público financien mayoritariamente su actividad, controlen su gestión, o nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia.
i) Las asociaciones constituidas por los entes, organismos y entidades mencionados en las letras anteriores.
2ª Pregunta. ¿Que causas económicas permiten el despido en las Administraciones Públicas?
Cuándo la insuficiencia presupuestaria sea sobrevenida y persistente. Es decir, cuando esa insuficiencia se produce durante tres trimestres consecutivos, en una definición similar al despido privado: reducción de ventas tres trimestres seguidos.
3ª Pregunta. ¿Que causas técnicas u organizativas permiten el despido en las Administraciones Públicas?
Parece que cuando se produzcan cambios, entre otros en el ámbito de los medios o instrumentos de la prestación del servicio público de que se trate y cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal adscrito al servicio público. Es decir, cuando se privaticen servicios y se amorticen plazas y …..

Los verdaderos piquetes violentos del 29 de septiembre.

La noche del 29 de septiembre en el “Campus Miguel de Unamuno” de la Universidad de Salamanca (USAL) fui testigo y protagonista, sin pretenderlo, de la acción de un piquete anti-huelga formado por uno de los guardias de seguridad privada que prestan sus servicios a la institución universitaria.
Durante esa noche, varios compañeros de CC.OO., perfectamente identificados con chalecos reflectantes, estuvimos pegando carteles llamando a la participación en Huelga General en varias zonas de la ciudad: centros de la universidad y centros educativos sin ningún problema. Cuando intentamos pegar esos mismos carteles en la zona del “Campus Miguel de Unamuno” nos encontramos con las amenazas físicas y verbales de uno de los guardias de seguridad que nos impidió por la fuerza pegar ningún cartel en el campus. Ni en las puertas de los centros, ni en las farolas, ni en ninguna de las zonas del campus que sí tenían carteles de otro tipo.
Pero lo más grave no fue la arbitraria prohibición sino las amenazas verbales y físicas a quienes nos encontrábamos allí. A una de nuestras compañeras la amenazó con “pegarle unas ostias” y posteriormente le dijo que “se libraba por ser mujer”. A otro de los compañeros lo cogió por las solapas del chaleco y le amenazó con “arrancarle la cabeza”. En el primer caso la compañera le pidió que se tranquilizase y el segundo compañero saltó y colocó una pegatina en una farola a una altura que impedía al guardia despegarla.
La tensión que generó el citado individuo se vio incrementada por el hecho de que llevaba, al cinto, una pistola y una porra que no llego a desenfundar; pero que en algunos momentos pareció que podía hacerlo.
Me consta que los hechos han sido denunciados ante el Rector de la USAL y espero que se investiguen y aclaren. Estos lamentables actos no deberían volver a producirse, no creo que la función encomendada a estos trabajadores deba ejercerse con la violencia que sufrimos el pasado 29 de septiembre. Con nuestra presencia en el campus pretendíamos únicamente pegar carteles informativos como los que había en cualquier zona de la ciudad y en las farolas de muchas de las calles de Salamanca. De hecho, se personó la policía nacional y comprobó que lo único que estábamos haciendo era pegar carteles y nos permitió que continuásemos con nuestra labor.
Cuando desde determinados medios de comunicación se demoniza a las sindicatos y a quienes participamos activamente en ellos, algunas personas terminan por creer las mentiras que les cuentan y los resultados se parecen a lo que ocurrió en el campus. Estos son los verdaderos piquetes violentos.

Discursos Contra la Huelga del Blog “Según Antonio Baylos”

Se reproduce en esta entrada el post “Discursos contra la Huelga” del Blog “Según Antonio Baylos” por su acierto al analizar los argumentos que se están recogiendo en algunos medios de comunicación contra la HG del 29. El ataque contra las organizaciones sindicales no es nuevo y los argumentos tampoco, parece que se han repetido en muchas convocatorias de huelga, como señala el autor del post.

La exageración de los ataques me hace pensar que quienes descalifican con tanta virulencia la huelga tienen miedo de los resultados de la misma. Como dice la celebre frase: “Ladran luego cabalgamos”

“Como han podido comprobar las personas que aparecen en la foto, en estos días de septiembre se reproducen cíclicamente una serie de argumentaciones que tienen como objetivo deslegitimar y desvirtuar la convocatoria, por parte de UGT y CC.OO, de la huelga general para el 29 de septiembre. A continuación se inserta un texto que quiere reflexionar sobre estos discursos, y que ha sido publicado por el muy interesante diario digital Nueva Tribuna.

Estos discursos, de modo sintético, se pueden agrupar en tres bloques.
El primer bloque de argumentos enfrenta al sindicato y sus delegados sindicales con los trabajadores. Viene a señalar que la huelga la convocan y la hacen los representantes sindicales, no los trabajadores, y que por consiguiente los intereses de unos y otros son diferentes. Tiene grandes raíces en nuestro país, porque se trata de un discurso que entronca con el que desarrollaba el franquismo diferenciando entre los trabajadores y los “agitadores” sindicales, que naturalmente eran algo distinto y externo a los “sanos productores”. De hecho es un argumento que se prolonga en la oposición entre la “política” y el “trabajo”, de manera que la actuación reivindicativa por los derechos de los trabajadores era siempre “política” y en consecuencia “ajena” al interés de los trabajadores. Al igual que hoy se contraponen “liberados” sindicales que son pagados por no trabajar y para “alterar” la armonía en las relaciones de trabajo, el franquismo establecía que los “agitadores” no trabajaban sino que eran remunerados para que cumplieran sus objetivos subversivos. “Agitadores a sueldo” que simulaban compartir la suerte de los obreros y que sin embargo eran generosamente remunerados por las organizaciones clandestinas que les enviaban para agitar el clima laboral. La imagen del activista que luego de la asamblea se daba opíparas comidas y llevaba una vida de ricachón era muy utilizada por los sumisos medios de comunicación de entonces. En ese sentido, el extinto Tribunal Central de Trabajo vino a establecer una doctrina judicial según la cual, ante una huelga – que era siempre ilegal – no se podía despedir a todos los trabajadores participantes en la misma, sino tan sólo a sus “cabecillas”, afirmando además que al resto de los trabajadores “comunes” no se les podía exigir una conducta de resistencia ante la agitación de éstos. El discurso actual ha transmutado esta condición de “activista” como elemento externo a los trabajadores que emponzoña las relaciones de trabajo en las empresas, a la del “liberado” sindical cuya función es precisamente la de utilizar a los trabajadores en beneficio de los intereses del sindicato, para cuyo fin actúan y son remunerados. De esta manera, cuando el sindicato convoca una huelga general, no lo hace para defender a los trabajadores, sino en beneficio propio y exclusivo, para no perder sus privilegios. La huelga es así extralaboral.
El segundo bloque tiene un origen mas neoliberal, porque contrapone a un sindicato que representa a los trabajadores estables y fijos frente a un mapa de población activa en la que los parados y los precarios son mayoría. En la huelga general, el sindicato defiende a los trabajadores por tiempo indefinido, y por eso mismo la huelga lesiona los intereses de los parados y trabajadores temporales. Algún personaje político lo ha dicho de forma muy gráfica. “Yo, en la huelga general, estoy al lado de los parados”. En cierto sentido este discurso es más conocido porque se relaciona con la propia filosofía de la reforma laboral frente a la que se convoca la huelga, es decir, la consideración de que la reducción de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores, la degradación de las garantías sobre el empleo y el recorte del gasto social y de la protección de la Seguridad Social favorece la creación de empleo y el crecimiento económico. El abaratamiento y facilitación del despido subvencionado y sin tutela judicial, será la causa eficiente de la creación de empleo en un futuro próximo y en consecuencia el sindicato que no acepta esta forma de razonar impide objetivamente la recuperación del mercado de trabajo. La huelga es así, corporativa.
El tercer bloque pone el énfasis en la obsolescencia de la huelga como forma de presión y su impracticabilidad en un espacio económico y productivo como el actual. Se piensa que la huelga, como el sindicato, son instrumentos que tuvieron sentido en el pasado, pero que hoy se encuentran plenamente anticuados. En ocasiones este argumento se refuerza con una valoración directa de la implantación sindical, que sólo se verifica en el sector industrial, mientras que está ausente del sector servicios, que es el determinante de la economía y de la cultura industrial. Incluso en aquellos servicios en donde existe una cierta presencia sindical, ésta se desarrolla con completa exclusión del conflicto. Como prueba de estas afirmaciones, en fin, se trae a colación la escasa disposición de los trabajadores a participar en la huelga general, por mucho que en su conjunto puedan valorar positivamente sus motivaciones, como resultaba de una encuesta publicada en un importante diario recientemente y que tuvo una amplia repercusión. La huelga es así anacrónica.
Naturalmente que estos tres discursos se entrelazan y se comparten en muchas intervenciones y se reiteran por los formadores de opinión, aunque en función de su orientación política se empleen con más profusión unos que otros. La extralaboralidad de la huelga, por ejemplo, se solapa en estos días con elementos de hostilidad antisindical, lo que debe ser analizado de forma independiente como un rasgo distintivo del debate político e ideológico que ha focalizado el grueso de su agresividad sobre los sindicatos como elementos de resistencia al dominio. Por ello este último extremo debería examinarse en un contexto no sólo post-franquista, en el sentido que los liberados sindicales se presentan como unos “vagos” porque no trabajan, es decir, porque no están sometidos a los riesgos “naturales” del trabajo: el despido, la sanción, la disciplina obediente, sino directamente antisindical de negación de las condiciones de ejercicio de la función representativa del sindicato. La consideración de la convocatoria de la huelga como egoísta y corporativa en la defensa de unos privilegios que deben ceder para que todos puedan acceder a un empleo, es el leit motiv del reproche político del partido en el gobierno a la intransigencia sindical frente a una política de reformas “con sentido de Estado”. O, en fin, la consideración del anacronismo de la huelga – y por extensión, del sindicalismo – va muy ligada a la celebrada ineficacia de esta medida de presión frente a la incapacidad del gobierno de poder cambiar su política, dictada por los mercados financieros y el FMI.
La critica de estos discursos es útil, una vez que se delimitan y se aíslan, pero la fuerza de los mismos reside precisamente en que siempre reflejan distorsionadamente una parte de la realidad. Es decir que no solo hay que combatir el sesgo antidemocrático que llevan consigo, sino entender simultáneamente que se están refiriendo a problemas existentes en las relaciones laborales actuales que el sindicalismo tiene que afrontar y resolver en el marco de su propio debate político-ideológico. Tanto es así, que se pueden encontrar versiones simétricas de estos discursos de dominación en planteamientos inequívocamente de izquierda, que denunciarían la burocratización de las estructuras sindicales, la incapacidad del sindicato de asumir las reivindicaciones de las nuevas identidades de género, de raza o de edad, en sus plataformas reivindicativas, o la incapacidad de la huelga para alterar y subvertir la normalidad productiva en algunos sectores clave tecnológicamente muy desarrollados. Se trata en gran medida de problemas que afectan a la función representativa del sindicato y su actualización en un momento histórico concreto, frente a las cuales es necesario continuar y en ocasiones emprender una discusión larga y compleja, como corresponde a los temas abordados y a las experiencias con las que se cuenta.
Pero saber que los discursos ideológicos de dominación siempre llevan consigo una visión deformada de problemas reales no impide discutirlos de raíz. La huelga general convocada defiende los intereses de los trabajadores y de sus derechos frente a los poderes públicos y privados, supone un momento de solidaridad que simboliza la unidad de intereses de todos los trabajadores en cuanto tales, es decir con independencia de su actividad o inactividad respecto del trabajo o del remolino de las identidades que se expresan en la materialidad del mismo. Y ello es así porque mediante la huelga se prioriza ante todo la tutela de los desocupados y precarios y la defensa de los derechos de los pensionistas, como forma de afirmar un proyecto igualitario y nivelador para la generalidad de los trabajadores. Y, en fin, la huelga sigue siendo hoy en día la manera emblemática de hacer patente que el trabajo subordinado y dependiente es el eje de las sociedades del siglo XXI, porque es el trabajo el que crea y construye la riqueza de las naciones y que no resulta concebible la cotidianeidad de nuestras vidas sin la presencia de un trabajo decente, que atribuye derechos y constituye la dignidad de la persona a la que se refieren los textos internacionales que fundan nuestra civilización.”

Sobre la Huelga General convocada para el 29 de septiembre.

Cada día se publican numerosos artículos en contra de la convocatoria de Huelga General para el próximo 29 de septiembre.

La mayoría de los artículos están firmados por expertos que están al servicio de unas instituciones que defienden unos intereses muy claros: los organismos internacionales (FMI, OCDE, BCE), la Patronal, los Bancos, el Gobierno y otros…

Los argumentos que se utilizan son muy variados: desde la bondad y equilibrio de las medidas dictadas por gobierno hasta la descalificación de las organizaciones que convocan la Huelga General. Pero el argumento que más me ha sorprendido en los últimos días es el que sirve para descalificar al gobierno y a los sindicatos a la vez. El argumento que defiende Federico Durán (Catedrático de Derecho del Trabajo y socio del bufete Garrigues) en El País es que la reforma está pactada entre el gobierno y los sindicatos. Este argumento le sirve para criticar al gobierno por aprobar una reforma insuficiente y a los sindicatos por convocar una huelga “posdatada y encubierta en una jornada europea de movilizaciones”, es decir, una huelga falsa para cubrir el expediente.

Me resulta sorprendente que se afirme que el gobierno y los sindicatos han engañado a todo el mundo con el único fin de no afrontar la reforma que necesita el país. En realidad lo que el autor del artículo reclama es una reforma laboral claramente orientada hacia los intereses de los empresarios (véase su artículo publicado en Cinco Días sobre la reforma laboral) y, por tanto, considera que los cambios son insuficientes. Solo señala como positivas las modificaciones incorporadas en la regulación de las agencias privadas de colocación y la supresión de restricciones a las empresas de trabajo temporal.

Es increíble, aún no se ha convalidado el Decreto-Ley en el Congreso y ya hay “expertos” que auguran el fracaso de la nueva norma y consecuentemente sugieren otra reforma que resuelva los “problemas de nuestro mercado de trabajo”. Vaya cara que tienen algunos.

A mi, los argumentos que he leído en contra de la huelga y a favor de la reforma no me convencen y lamentablemente coincido con quienes dicen que con este decreto no se resuelven los problemas del mercado laboral; pero justo por lo contrario que dice el señor Duran en su artículo, es decir, porque se recortan los derechos de los trabajadores y no servirá para crear más y mejor empleo.