La Renta Garantizada de Ciudadanía de Castilla y León.

El Estatuto de Autonomia de Castilla y León establece en su artículo 13 sobre derechos sociales, apartado 9, lo siguiente:
“Derecho a una renta garantizada de ciudadanía. Los ciudadanos de Castilla y León que se encuentren en situación de exclusión social tienen derecho a acceder a una renta garantizada de ciudadanía. El ordenamiento de la Comunidad determinará las condiciones para el disfrute de esta prestación. Los poderes públicos promoverán la integración social de estas personas en situación de exclusión.”

El pasado 28 de diciembre la Junta de Castilla y León, la Confederación de Organizaciones Empresariales de Castilla y León, la Unión Sindical de Comisiones Obreras de Castilla y León (CCOO) y la Unión General de Trabajadores de Castilla y León (UGT) firmaron un Acuerdo en materia de renta garantizada de ciudadanía.

En el citado acuerdo se establece que la “situación de exclusión social” debe “construirse sobre la condición más objetiva de la ausencia o insuficiencia de los recursos y medios económicos necesarios para el desarrollo de un proyecto de vida normalizado en el ámbito de la convivencia familiar, es decir, del estado de necesidad que compromete los requerimientos de subsistencia y que imposibilita o limita el ejercicio de los derechos sociales”. El concepto engloba la ausencia de ingresos, la situación de necesidad y de dificultad social o personal.
No parece que esta definición responda al concepto clásico de Renta Básica de Ciudadanía, sino al modelo defendido por el PP en el que se entiende como una prestación dirigida a la prevención de la exclusión social, modulando el concepto de exclusión social y mejorando ligeramente los acuerdos firmados sobre el Ingreso Mínimo de Inserción (IMI), prestación social que desde el año 1990 se entendía como nivel básico de protección que garantizara el acceso de las personas desfavorecidas a una renta mínima cuaya cuantía estaba establecida en el 75% del IPREM (indicador público de renta de efectos multiples), 395,43€ en 2009.
El PSOE en 2001 la incluyó en el punto 87 del documento marco “Ciudadanía, Libertad y Socialismo: Un partido en la España del s. XXI” y decía entonces «Nuestro objetivo y nuestra propuesta, será hacer realidad una Renta Básica de Ciudadanía, es decir, garantizar unos ingresos mínimos para todos los ciudadanos con carácter universal e incondicional, que se constituya como el mínimo vital de subsistencia que toda persona o familia necesita para vivir».
Ahora los sindicatos han pactado con la Junta el 80% del IPREM, 532,51€ para 2010, por lo que la cuantía de la renta garantizada para este año sera de 426€ mensuales si se aprueba la norma que ha de regularla. Muy lejos de los 580 euros que desde CCOO se pedían el pasado verano o de los 640€ mensuales de renta básica establecida en Euskadi para 2009.
El debate sobre la Renta Básica de Ciudadanía daría para mucho, algunos nos acusan de falsificar el concepto de la Renta Básica y nos proponen avanzar en el conocimiento de esta medida. Asimismo, afirman que se debería explicar la relación entre economía y ecología, y la necesidad de una Renta Básica para hacer posible la sostenibilidad y la cohesión social; tal como hace Ramiro Pinto en “Los Fundamentos de la Renta Básica y la ‘Perestroika’ del Capitalismo” (Madrid 2003).
La asociaciación ARENCI y la Red Renta Básica, entre otras, ofrecen información directa y actualizada sobre el particular.
Espero que el reciente acuerdo sea el primer paso para avanzar en hacia una renta básica entendida como un ingreso para la ciudadanía, universal e incondicional, que dote a toda persona beneficiaria de la posibilidad de satisfacer las necesidades básicas para llevar una vida digna; y disminuya el coste administrativo del actual control de prestaciones al desincentivar la tendencia al fraude....