El Ministerio de Ciencia e Innovación que dirige Cristina Garmendia aprobó en julio de 2008 una orden ministerial para crear un Grupo de Trabajo que le asesorase en el estudio y la elaboración de un borrador de anteproyecto de ley de fomento de la investigación científica y el desarrollo tecnológico.
En febrero de 2009 el MICINN presentó el primer borrador de anteproyecto de Ley, por aquel entonces, de la Ciencia y la Tecnología que sometió a debate con los agentes implicados en el sistema de ciencia español. Ese negociación se paralizó hace casi nueve meses y el pasado 23 de febrero presentó un nuevo borrador de anteproyecto de Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación que contiene novedades significativas y que, entre otras cosas, propone modificaciones de la Ley Orgánica de Universidades y del Estatuto Básico del Empleado Público.
Después de todo el tiempo perdido al gobierno le entran las prisas y pretende aprobar el nuevo proyecto de ley en Consejo de Ministros a mediados de marzo. Desde CCOO se ha pedido un plazo de tiempo razonable para poder analizar el contenido del borrador y elaborar propuestas alternativas con rigor, recordando que el retraso de esta Ley no es achacable a las organizaciones sindicales.
Es razonable la petición de CCOO porque la construcción y discusión de esta nueva norma necesita tiempo y reflexión porque necesitamos una ley que dure al menos otros 20 años, que tenga un consenso importante, que supere los obstáculos que la anterior ley no fue capaz de sortear y que facilite el camino hacia una sociedad basada en el conocimiento, respetuosa con el medio ambiente, ecológicamente sostenible y socialmente más justa.
Como dice el refrán “las prisas no son buenas consejeras”, creo que el gobierno haría bien en no precipitarse también en esto.
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