lunes, 28 de febrero de 2011

La nueva Ley de la Ciencia

Las Confederaciones Sindicales de UGT y CCOO propusieron al MICINN, en el proceso de diálogo social que se desarrollo el pasado año, que la nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación cumpliese con varios objetivos, demandados también por la comunidad científica.
Obviamente la nueva ley debía mejorar la eficacia del sistema de ciencia y tecnología y ayudar a crear un tejido productivo de calidad para lo que, entre otras cosas, se reivindicó la creación de una única Agencia para la financiación y evaluación de la investigación.
La nueva ley debía responder a la nueva realidad autonómica, asegurando la coordinación efectiva de las actividades de I+d+i entre la Administración General del Estado y las Administraciones Autonómicas.
Igualmente debía establecer un marco adecuado de relaciones entre el sector público y las empresas, un marco claro y seguro para todos.
Debía contar con la participación efectiva y activa de los agentes económicos y sociales, en su elaboración y en los órganos de control y seguimiento de la Ley.
En mi opinión, el reto más importante de la ley era lo relativo a las relaciones laborales, debíamos apostar por la estabilidad del personal de investigación de los diferentes niveles y ámbitos y se debían sustituir las becas por contratos.
Pero el proyecto que se está tramitando en el Congreso no asegura una carrera continuada del personal investigador y no contempla la carrera profesional para el conjunto del personal de investigación: tecnólogos, gestores, etc. En definitiva no resuelve la precariedad en el sector y puede ampliarla al aplicar el Contrato de Acceso al Sistema a las entidades privadas. Lo que sí sustituye son las becas por contratos.
Mantiene dos Agencias, la Agencia Estatal de Investigación y el Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI), que comparten funciones de gran importancia y que probablemente no sean capaces de realizar una actuación estratégica conjunta.
Por último, la nueva ley no dispone de una memoria económica que garantice una inversión suficiente en I+D+i para los próximos años. Sobre todo si tenemos en cuenta que en los dos últimos años la inversión para en estas políticas recogida en los Presupuestos Generales del Estado se ha recortado de manera significativa, en euros corrientes decrecimos -5,5% en 2010 y -7,38 en 2011.
En el trámite parlamentario se han presentado 452 enmiendas que podrían resolver los retos planteados, algunas de las enmiendas proponen soluciones contradictorias en temas relevantes por lo que el PSOE tendrá que negociar con unos u otros, de su elección dependerá la orientación final de la ley.

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