Documental sobre la Educación. ¿De tod@s y para tod@s?

Me ha gustado mucho este documental porque, en mi opinión, contribuye y clarificar el debate educativo en nuestro país.
A mi me ha reforzado en la convicción de que es necesario un gran consenso político y social por la educación desde el punto de vista de garantizar el derecho a una educación de calidad de todos y para todos.

Cuando quieran hacer algo malo, busquen un nombre bueno

El otro día leí un artículo en el país que se titulaba “El nombre bueno de las cosas malas” en el que se decía que muchos expertos internacionales en comunicación aconsejaban a los políticos lo siguiente: “Cuando quieran hacer algo malo, busquen un nombre bueno”.
En el artículo se afirma que el ministro de la mala educación, José Ignacio Wert, lo sigue a rajatabla y creo que es cierto, pero no es el único.
Los últimos gobiernos del Reino de España (no voy a utilizar la neolengua) y sus ministros; la Comisión Europea y sus comisarios, la Troika y sus portavoces y casi todos los organismos internacionales plagados de burócratas es lo que hacen. Se dedican a engañarnos usando la neolengua.
Según la wikipedia  “La idea de neolengua como forma de hablar para controlar y definir el pensamiento de la población con intereses políticos ha sido y sigue siendo un tema de actualidad y de interés moral. De hecho, se dice que Orwell tomó como modelo para su neolengua el lenguaje utilizado por la propaganda totalitaria nazi y soviética del momento y tan sólo tuvo que imaginar cuál podría ser la tendencia de este uso político del idioma.”
Algunos ejemplos que se utilizan en el lenguaje político actual nos ayudan a entenderlo mejor.
- La desaceleración de Zapatero que casis todos llamamos crisis.
- La «reforma» laboral y la «flexibilización del mercado laboral» de Rajoy que como todas consiste en abaratar el despido y disminuir los costes laborales.
- La «Movilidad exterior» de Fátima Báñez que quiere decir fuga ciudadanos de un país -en su mayoría jóvenes- ante la imposibilidad de conseguir un trabajo digno.
- Las «Reformas» y «ajustes» de todos los políticos que son recortes.
- Las «Reformas estructurales» que todas instituciones plantean que quieren decir recortes permanentes.
- Las «Medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo» del ministro Wert que son los salvajes recortes en el ámbito educativo.
Los políticos junto con muchos medios de comunicación manipulan el lenguaje para cambiar el significado real de las palabras y evitar el rechazo de los ciudadanos, que, en algunos casos, llegan a percibir como positivas políticas muy perjudiciales para la mayoría de ellos.
La desinformación, como ocurre últimamente en TVE, -hoy en el telediario se les pasó comentar la confesión de Barcenas al director del Mundo y la manifestación del Orgullo celebrada ayer- y la manipulación del lenguaje engañan cada día a menos personas.

Lo que debes saber para que no te roben la pensión.

Para Todos La 2 - Entrevista Vicenç Navarro y Juan Torres: "Lo que debes saber para que no te roben la pensión"

• Para Todos La 2 - Entrevista Vicenç Navarro y Juan Torres: "Lo que debes saber para que no te roben la pensión"

Interesante entrevista sobre las pensiones. Es un tema que nuevamente vuelve a la actualidad española, ahora nos tocará estudiar un nuevo informe sobre el sistema de pensiones español.

Resultado del entrenamiento 24/02/2013

Hoy hemos hecho 90' de carrera continua muy suave, sin pasar del 70% de mi frecuencia cardíaca máxima. Ha estado bien, a pesar del frío.

El próximo martes comenzaremos un ciclo de entrenamiento de cuatro semanas y concluiremos con otra carrera de 90' por el mismo sitio, veremos si hemos progresado algo.

Resultado del entrenamiento 24/02/2013 12:33 

El 22 de mayo a la Huelga contra los recortes educativos.

Apoyo la Huelga convocada para el próximo 22 de mayo porque no comparto ni una línea del Real Decreto-ley 14/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo y porque tampoco comparto las medidas recogidas en el proyecto de ley de Presupuestos Generales de Estado (PGE) para 2012 que implican recortes en la financiación de las universidades y que empeoran sustancialmente mis condiciones de trabajo.

Esta nueva regulación sumada a los recortes que venimos sufriendo desde 2010 supone un ataque sin precedentes en la historia reciente de nuestro país hacia la universidad pública española y hacia los profesionales que trabajamos en ella.
Hoy nadie discute, a pesar del “neolenguaje” y las afirmaciones de Rajoy en campaña electoral, que los recortes educativos previstos para 2012 superan el 25% al igual que los recortes en I+D+i y suponen un retroceso histórico para nuestro pais. Pero además, para justificar todos estos desmanes, el ministro Wert y otros políticos del PP están intentando manipular a la opinión pública. Mienten y ocultan información como se pone de manifiesto en el artículo de José Antonio Pérez García y Juan Hernández Armenteros, “Reforma universitaria: preguntas erróneas, respuestas incorrectas” publicado en El País el 16-4-2012.
En mi opinión lo que esta haciendo el gobierno, con la excusa de la crisis, es desmantelar los servicios públicos para privatizarlos. Por eso el Ministro y algunos voceros se empeñan en decir a la ciudadanía que las universidades públicas españolas son ineficaces, caras e inútiles para crear empleo. Es inaceptable que el máximo responsable de la educación de nuestro país cada vez que tiene oportunidad descalifique a toda la comunidad universitaria para justificar sus desmanes.
Todo el contenido del RD-Ley 14/2012 es un disparte, pero el aumento indiscriminado del precio de las matrículas es un golpe brutal al principio de igualdad de oportunidades porque al mismo tiempo se disminuyen las becas. Serán las CCAA las que tomen la decisión final en un entorno de alto nivel de desempleo y bajos salarios.
Los problemas de la universidad no se solucionan con recortes, imponiendo reformas y dificultando el acceso a la universidad a las personas de rentas más bajas.
Las propuestas del gobierno solo van a conseguir deteriorar el sistema universitario público español y, en consecuencia, deteriorar todavía más la situación de nuestro país.
Soy un empleado público de una universidad y les puedo asegurar que no he vivido por encima de mis posibilidades, tampoco hubiese podido aunque hubiese querido, mi sueldo cada mes da para menos. Desde 2010 me están obligando a pagar la crisis de la que no me considero nada culpable, hasta hoy me han rebajado el salario, me han subido los impuestos y me obligarán a trabajar dos semanas y media más al año.
Hace algunas fechas Manuel Martinez Morales, compañero y amigo, publicaba un post en su blog que se titulaba ¿Y tú qué haces?, para responder con esa pregunta a quienes habitualmente plantean preguntas como: ¿Qué hacen los Sindicatos? ¿Qué hacen los partidos de izquierda?
Pues yo, estoy afiliado a CCOO porque creo que los trabajadores debemos organizarnos para defender nuestros intereses, fuí a la huelga del 8 de junio de 2010 cuando me bajaron el sueldo un 5%, fui a la huelga general del 29 de septiembre cuando el gobierno socialista aprobó la reforma laboral, fui a la huelga general del 29 de marzo para rechazar las reformas de Rajoy, pariticipé en las manifestaciones en defensa de los servicios públicos e iré a la huelga general educativa del 22 de marzo porque no comparto ni la forma, ni el contenido, ni la filosofía de las reformas.
Además, frente a lo que dicen algunos empleados públicos “no creo en las huelgas contra la administración”, yo estoy convencido de que las huelgas siempre sirven, la historia del siglo XX nos lo demuestra. Si salen bien para unas cosas y si salen mal para otras.

1 de Mayo en Salamanca. Miles de personas reivindicando Trabajo, Dignidad y Derechos.

Estrenando la Reforma Laboral. Despidos por absentismo.

Las mentiras del PP, el abaratamiento del despido y el despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en el Sector Público

En este vídeo han recogido unas cuantas declaraciones de dirigentes del PP prometiendo no abaratar el despido y criticando al PSOE por no pactar la reforma de 2010. Pero lo más divertido de todo es que ahora pretenderán convencernos de que no se abarata el despido igual que pretenden persuadir a los ciudadanos de que no están recortando los servicios públicos.

Es lamentable que se engañe a los votantes con tanto descaro, especialmente la señora Cospedal, la de la mantilla en las procesiones y la del “cigarral” de varios millones de euros. Escuchando lo que hoy ha dicho y lo que decía en éste video comprendo mucho mejor y comparto totalmente los improperios que ayer le dedicaban los manifestantes “en defensa de los servicios públicos” en Toledo.

Respecto al despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en el Sector Público. La Disposición adicional segunda. Aplicación del despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en el Sector Público del RDL 3/2012, publicado ayer en el BOE dice lo siguiente:
Se añade una disposición adicional vigésima al Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, con el siguiente contenido.
«El despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción del personal laboral al servicio de los entes, organismos y entidades que forman parte del sector público de acuerdo con el artículo 3.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se efectuará conforme a lo dispuesto en los artículos 51 y 52.c) del Estatuto de los Trabajadores y sus normas de desarrollo y en el marco de los mecanismos preventivos y correctivos regulados en la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas.
A efectos de las causas de estos despidos en las Administraciones Públicas a que se refiere el artículo 3.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se entenderá que concurren causas económicas cuando se produzca en las mismas una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos correspondientes. En todo caso, se entenderá que la insuficiencia presupuestaria es persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos. Se entenderá que concurren causas técnicas, cuando se produzcan cambios, entre otros en el ámbito de los medios o instrumentos de la prestación del servicio público de que se trate y causas organizativas, cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal adscrito al servicio público.»
1ª Pregunta. ¿Que dice el artículo 3.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011?
Dice así: Artículo 3. Ámbito subjetivo
1. A los efectos de esta Ley, se considera que forman parte del sector público los siguientes entes, organismos y entidades:
a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local.
b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social.
c) Los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las Universidades Públicas, las Agencias Estatales y cualesquiera entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas a un sujeto que pertenezca al sector público o dependientes del mismo, incluyendo aquellas que, con independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de regulación o control de carácter externo sobre un determinado sector o actividad.
d) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de entidades de las mencionadas en las letras a) a f) del presente apartado sea superior al 50 por 100.
e) Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia a los que se refieren el artículo 6.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y la legislación de régimen local.
f) Las fundaciones que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de una o varias entidades integradas en el sector público, o cuyo patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un 50 por 100 por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades.
g) Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.
h) Cualesquiera entes, organismos o entidades con personalidad jurídica propia, que hayan sido creados específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos pertenecientes al sector público financien mayoritariamente su actividad, controlen su gestión, o nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia.
i) Las asociaciones constituidas por los entes, organismos y entidades mencionados en las letras anteriores.
2ª Pregunta. ¿Que causas económicas permiten el despido en las Administraciones Públicas?
Cuándo la insuficiencia presupuestaria sea sobrevenida y persistente. Es decir, cuando esa insuficiencia se produce durante tres trimestres consecutivos, en una definición similar al despido privado: reducción de ventas tres trimestres seguidos.
3ª Pregunta. ¿Que causas técnicas u organizativas permiten el despido en las Administraciones Públicas?
Parece que cuando se produzcan cambios, entre otros en el ámbito de los medios o instrumentos de la prestación del servicio público de que se trate y cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal adscrito al servicio público. Es decir, cuando se privaticen servicios y se amorticen plazas y …..

Vuelve aquello de “que inventen ellos”.

Parece que la frase “que inventen ellos” de Unamuno vuelve a tener vigencia en nuestro país.
El Ministro De Guindos afirmó que en I+D+i la regla para el futuro es “que tendremos que hacer más con menos recursos".
Yo diría que con muchos menos recursos, sobre todo si tenemos en cuenta los recortes que se han producido en I+D+i en los últimos años y la pérdida de empleo que se producirá en el sector como consecuencia de la aplicación de lo establecido en el Real Decreto Ley de 30 de diciembre de 2012.  Por tanto, me atrevo a pronosticar que la regla del Ministro no se cumplirá, y seguramente haremos menos de lo que hacíamos y mucho menos de lo que deberíamos hacer.
La revista Nature recomendaba recientemente a España, Grecia e Italia invertir en I+D, el artículo decía: “España, Italia y Grecia tienen nuevos gobiernos y nuevas leyes sobre investigación. A pesar de las presiones de austeridad económica, investigar en ciencia puede traer beneficios desproporcionados.”
Pero lo cierto es que para 2012 habrá nuevos recortes que se sumaran a los de 2011 y 2010. El acuerdo de no disponibilidad de crédito que limita el presupuesto de los diferentes ministerios durante el primer trimestre de 2012 supone una reducción de 600 millones de €, es decir se produce una nueva reducción del 7% sobre el presupuesto de 2011 para I+D+i.
Recordemos que en los Presupuestos Generales del Estado para 2011 la previsión de gasto en todos los ministerios para I+D+i fue de 8.494,36 millones de euros - el 0,79% del Producto Interior Bruto (PIB) previsto en 2011- lo que supuso una reducción neta del 8,4% sobre el presupuesto aprobado en 2010.
Además de los recortes citados, se está produciendo una pérdida significativa de empleo en el sector debido a la congelación de la oferta de empleo público y a la limitación de la contratación temporal para 2012.
Esta medida tiene dos efectos, por un lado, afecta a las plazas de los empleados públicos que se jubilan y se amortizan, y por otro lado, la congelación de plantillas afecta a los contratados temporales del sector público: se eliminan los procesos de consolidación de la contratación temporal y, dependiendo de cómo se interprete, la prohibición de hacer nuevos
contratos temporales, puede terminar afectando a aquellos que requieran de
renovación.
Por tanto, los significativos recortes en I+D+i tendrán profundas consecuencias en el sector, habrá menos dinero y menos personas, y en el modelo de crecimiento que se configure cuando logremos remontar la crisis. Es imposible apostar por un desarrollo más sano, sostenido y sostenible y menos vulnerable a los cambios de ciclo si renunciamos a invertir en nuevas herramientas competitivas como son las que se basan en el conocimiento.
Lamentablemente parece que volvemos al “que inventen ellos” de don Miguel.

¿Estamos satisfechos con nuestros servicios públicos?

Hace algunos días comentaba con unos compañeros los recortes que los gobiernos de derechas (CiU y PP) están aplicando en muchas de las CCAA que gobiernan y nos preguntábamos qué propuestas llevaba el PP en su programa electoral respecto a los servicios y empleados públicos.
En el texto se recogía la necesidad de eliminar “duplicidades”, “solapamientos” e “ineficiencias” en la prestación de servicios y un “redimensionamiento de la Administración y del personal” a la vez que se proponían incentivar el uso de “modelos eficientes de colaboración público-privada con responsabilidad y control públicos”. Parece, pues, que había una propuesta clara por reducir los efectivos en plantilla y eso es lo que están haciendo, a pesar de que es lo contrario de lo que necesitamos como señalaba en mi anterior post.
Respecto a las supuestas “ineficiencias” “duplicidades” y “solapamientos” que provocan en los ciudadanos “insatisfacción con los servicios públicos que reciben” resaltaré alguna de las conclusiones del informe publicado en junio de 2011 por la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (Ministerio de Política Territorial y Administración Pública) sobre “Satisfacción con los servicios, valoración del gasto, confianza en los empleados públicos y actitudes hacia la e-administración”.
En este informe se analiza la percepción de los ciudadanos sobre los servicios públicos en España. Los datos utilizados proceden de encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y de la serie de encuestas “Calidad de los Servicios Públicos” diseñada y explotada por el Observatorio de Calidad de los Servicios dependiente de la Agencia mencionada en el párrafo anterior.
Las conclusiones respecto a la satisfacción de los ciudadanos con los servicios públicos sectoriales establecen que más de la mitad de los ciudadanos residentes en España están muy o bastante satisfechos con el funcionamiento de los servicios públicos en general, es decir, con los servicios que prestan la administración general, autonómica y local. Solo una pequeña parte de la población se siente nada satisfecha con los mismos.
No obstante, la satisfacción con los servicios varia significativamente en función del sector de política pública. Mientras que, por ejemplo, los servicios vinculados con el transporte público, la sanidad y la enseñanza pública reúnen a un buen porcentaje de satisfechos, en relación con la administración de justicia ocurre lo contrario.
Cuando se pide a los ciudadanos una valoración retrospectiva del funcionamiento de los servicios en general en torno al 85% consideran que han mejorado o que funcionan igual que hace 5 años. La percepción de mejoras también varia en función del sector de política pública que vuelven a coincidir en el caso de la sanidad y enseñanza pública.
En relación con la confianza de los ciudadanos en los empleados públicos, la evidencia muestra que, a pesar de los estereotipos negativos que operan en relación con los funcionarios en general, el 55% del los encuestados afirma tener mucha o bastante confianza en ellos. Respecto a los colectivos específicos de empleados públicos existe una confianza muy elevada en médicos, profesores, trabajadores sociales, bomberos y Fuerzas y Cuerpos de seguridad del estado. El porcentaje disminuye sensiblemente respecto a jueces, inspectores de hacienda y diplomáticos.
Por último señalare que en el informe se afirma que más de 75% de los encuestados se muestra muy o bastante satisfecho con la profesionalidad y el trato dispensado por los empleados públicos.
Estos son algunos datos que nos permiten cuestionar muchos de los tópicos que interesadamente se difunden desde determinados altavoces y afirmar que los estudios ponen de manifiesto áreas de mejora específicas y también satisfacción con la prestación de servicios públicos y confianza en sus empleados.
La reforma de las Administraciones Públicas que necesitamos debe servir para homologarnos con los países de nuestro entorno y mejorar la calidad de los servicios que se prestan, pero no parece que las cosas vayan por ese camino.

En España hay pocos empleados públicos y con la tasa de reposición “cero” habrá menos y los servicios públicos se deterioraran cada día más.

El debate sobre los servicios públicos y sus empleados alentado desde organizaciones patronales y medios de comunicación afines se sustenta en estudios y documentos elaborados con escasa fundamentación científica que responden más a una posición ideológica que a un riguroso análisis de la realidad. Además, muchos medios de comunicación están contribuyendo a generar una percepción de la realidad muy distorsionada.
Recientemente el presidente de la patronal CEOE, Juan Rosell, declaró en los medios de comunicación que “sobran” funcionarios sin especificar cuantos aunque consideraba que el sector público esta “sobredimensionado” y, por tanto, debería poderse “despedir funcionarios”. Igualmente, el Instituto de Estudios Económicos (IEE), vinculado a la patronal, también pide "una reducción del número de efectivos de la Administración Pública española" apuesta por despedir trabajadores públicos y argumenta que a los empleados públicos les resultaría “fácil” encontrar otro trabajo con su nivel de formación.
Ayer, el Gobierno del PP aprobó la congelación de salarios para todo el personal del sector público en 2012 y respecto a la tasa de reposición de efectivos en el sector público, el Ejecutivo confirmó que será "cero", salvo para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y los servicios básicos que afectan a algunos puestos docentes y sanitarios y otros que tienen que ver con la lucha contra el fraude, para los que podrá alcanzar el 10%.
Asimismo se decidió prolongar la jornada laboral de los empleados públicos en 2,5 horas semanales. Ésta última decisión se ocultó a los representantes de los empleados públicos en la reunión de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas que se celebró mientras el Consejo de Ministros aprobaba las medidas.
Por tanto, el gobierno con sus decisiones se alinea con la patronal en cuanto a necesidad de "reducir el número de efectivos de la Administración Pública española" puesto que no se repondrán los empleos que se pierdan (jubilaciones, incapacidades, etc..) en las administraciones y tampoco se contratarán interinos, de hecho estamos asistiendo al despido de muchos de ellos.
Pero ¿es cierto que sobran empleados públicos? Sinceramente creo que no.
Si comparamos el número de personas empleadas en los servicios públicos en la Unión Europea podemos acudir al informe, "Administración and the Civil Service in the EU Member Status", elaborado por el Ministerio de Presupuestos, Cuentas Públicas y Administración Pública Francesa que nos ofrece datos sobre el número de empleados públicos de cada país de la UE.
Los datos de nuestro país los he recabado de una artículo elaborado por Juan Torres López¹ que, a su vez, los ha obtenido del Boletín Estadístico del Personal al servicio de las Administraciones Públicas del Registro Central de Personal en enero de 2009, del número de empleados públicos en España que publica la OIT para 2008 y de la encuesta de población activa (EPA) en el último trimestre de 2008.
Según los datos obtenidos, el porcentaje de la población activa española que trabaja en el sector público oscila entre el 11,43% (Datos Registro Central - EPA) y el 12,8% (Datos OIT – EPA). Otros estudios nos ofrecen porcentajes todavía más bajos, el informe sobre competitividad y eficiencia económica de la OCDE de 2008, publicado por el prestigioso Economic Policy Institute de Washington señala que el porcentaje de personas que trabajan para el sector público en España es sólo el 9%.
Para 2009, el número de empleados públicos en España que proporciona la OIT es de 3,0621 millones. El Boletín Estadístico del Personal al servicio de las Administraciones Públicas del Registro Central de Personal da la cifra de 2.659.010 para julio de ese año. Si se comparan ambas cantidades con la población activa en el segundo trimestre del año (23,082 millones), los porcentajes serían del 13,2% y 11,51% respectivamente.
Considerando el porcentaje más alto de los dos años es de los más bajos de la UE-15. La media europea de empleados públicos en relación con la población activa es del16%. Pero, además, si se atiende a la información de la OCDE, en los países europeos con las economías más competitivas y eficientes del mundo ese porcentaje aumenta hasta el 26% en Dinamarca, 22% en Suecia o 19% en Finlandia.
A tenor de esta comparación con nuestros países vecinos, en España, no sobran empleados públicos sino que faltan y lógicamente el sector público no está sobredimensionado sino todo lo contrario.
Si a esta realidad le sumamos la pérdida de empleo público que supondrá la tasa de reposición 0 y el deterioro que implicará en la prestación de servicios públicos en nuestro país obtendremos un Estado de Bienestar cada vez menos desarrollado en comparación con nuestros vecinos europeos y unos sistemas de protección social cada vez más débiles.
Mal empezamos con el nuevo gobierno del PP, al final siempre pagan los mismos, los más débiles.
(1) TORRES LOPEZ, Juan (Catedrático de Economía Aplicada. Universidad de Sevilla) “Aclaración sobre el número de empleados públicos en España” Publicado en la Web “Ganas de escribir”  el 17-12-2011.

Entra en vigor la nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

Ayer sábado, entró en vigor la nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. Sin embargo, dos de sus principales medidas aún tardarán en ponerse en marcha: la sustitución de becas por contratos que comenzará en enero de 2012 y la Agencia Estatal de Investigación (AEI), cuyo primer borrador presentó el ministerio de Garmendia hace algunos meses a debate.
El texto que fue aprobado en el mes de mayo en el Congreso con el voto de casi todos los grupos parlamentarios no contó con el apoyo de las organizaciones sindicales. Pero todavía hay muchas cosas por hacer para que la ley tenga plena vigencia, además de las que hemos señalado hay muchas normas de desarrollo previstas que deberían ser negociadas con los agentes económicos y sociales.
Y tan importante como un adecuado desarrollo de la LCTI es contar con la necesaria inversión en I+D+i. Los fuertes recortes presupuestarios en I+D+i que hemos sufrido en los últimos años impiden el necesario cambio de modelo productivo en nuestro país y consolidan un modelo económico y social profundamente desigual y desequilibrado.
Según las Estadísticas sobre Actividades en I+D que proporcional el INE, los resultados provisionales para el año 2010 indican que en España el gasto en I+D es del 1,39% del PIB frente al 2,05% de la media de la Zona Euro. Al contrario de lo que ocurre en otros países europeos, las empresas españolas están perdiendo y van a seguir perdiendo competitividad dado su escaso interés por la Investigación, el Desarrollo y la Innovación.
Las empresas españolas han reducido un 0,8% su gasto en I+D en 2010, que se suma al descenso que ya se produjo en 2009. La reducción del gasto empresarial en I+D es reflejo de la caída del número de empresas que realizaron actividades de I+D, que disminuyó un 15,6% en 2010. En España las empresas solo financian el 43% del gasto en I+D cuando el objetivo de la Unión Europea es que financien el 66,7%.
Por tanto, es importante que haya un buen marco legal, pero es todavía más importante incrementar la inversión, tanto pública como privada, en Investigación, Desarrollo e Innovación si queremos cambiar nuestro modelo productivo y salir de la crisis cuanto antes.

Palabras desde Atenas. Interesante reflexión de Pedro Olalla González de la Vega.

 

Pedro Olalla reflexiona desde Atenas sobre la situación que vive Grecia entendida en un contexto global (en español - subtítulos en inglés y español).

Cuelgo en el blog este interesante videopost distribuido por internet. Comparto muchas de las cosas que nos cuenta el autor y sobre todo comparto la necesidad de que la “ciudadanía europea haga frente común contra el abuso” y exija a los gobernantes que gobiernen para el mayoría del pueblo y no para unos pocos, los ricos.
En este video vuelve a aparecer la deuda odiosa, que la Wikipedia define así: “Deuda odiosa, deuda execrable o deuda ilegítima, en derecho internacional, es la teoría jurídica, puesta en práctica numerosas veces a lo largo de la historia, que sostiene que la deuda externa de un gobierno contraída, creada y utilizada contra los intereses de los ciudadanos del país, no tiene por que ser pagada y por tanto no es exigible su devolución ya que los prestatarios habrían actuado de mala fe, a sabiendas, y por tanto dichos contratos -bonos o contratos comerciales- son nulos legalmente. En todo caso, tales deudas podrían considerarse personales debiendo responder quienes las hayas contraído a título personal -sea el monarca, el presidente, el director del Banco Central Nacional o los ministros correspondientes y no el Estado en su conjunto y por tanto los ciudadanos. En algunos aspectos, el concepto es análogo a la nulidad de los contratos firmados bajo coacción.² ….”
Cada día estoy más convencido de que hay mucha deuda odiosa en el mundo.

Seguimos aquí porque creemos en lo que hacemos.

Este vídeo lo vi por primera vez el pasado 24 de septiembre en el Palacio de Vista Alegre junto con 20.000 delegados de CCOO de toda España.

He decidido colgarlo en mi blog porque creo que en líneas generales retrata la actitud de muchas de las personas de mi sindicato. Hay algunos fotogramas de algún ex-dirigente que, en mi opinión, sobran; pero que le vamos a hacer forman parte de nuestra historia.

La gente de CCOO es consciente de los problemas de nuestro tiempo y está convencida de la necesidad de luchar para evitar la perdida de derechos sociales y laborales que quieren imponernos los que gobiernan los mercados.

Por eso seguimos peleando convencidos de que hacemos lo que debemos, porque como ya dijo Marcelino Camacho “ni nos domaron, ni nos doblaron, ni nos van a domesticar".

Deudocracia. Un juicio a la crisis global, europea, griega.

Deudocracia. Documental de Katerina Kitidi y Ari Hatzistefanou

Deudocracia es un documental realizado por los periodistas griegos Katerina Kitidi y Ari Hatzistefanou, y distribuido en internet libremente por sus autores, que busca las causas de la crisis y de la deuda en Grecia, y que propone soluciones que el Gobierno y los medios de comunicación dominantes ocultan.

Es un poco largo, pero merece la pena dedicarle una hora porque nos permite ver la crisis desde otro punto de vista. Algunos de los temas que aborda el documental son muy útiles y poco o nada difundidos. A mi me ha resultado muy interesante, por ello colaboro modestamente con su distribución colgando el enlace en mi blog.

La nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación y los fichajes de científicos excelentes.

Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación que fue aprobada en el Congreso de los Diputados el pasado 12 de mayo por 289 votos a favor y 3 en contra, votaron a favor los diputados del PSOE, PP, CIU, PNV, CC, ERC y votaron en contra los diputados de IU y UPyD. No votaron 58 diputados que imagino estarían en otras tareas más importantes, como por ejemplo convencer a los del 15M de que sí los representan.
El pasado 2 de junio el Boletín Oficial del Estado publicó la nueva
Uno de los temas más controvertidos de la Ley es todo lo referido a las relaciones laborales del personal del sector de la investigación porque no se recoge el derecho a la carrera profesional para el conjunto de funciones que incluye la actividad investigadora -científicas, técnicas y de gestión-.
Porque no se asegura la carrera continuada del personal investigador, desde la fase predoctoral a la de acceso. ni la estabilidad en el sistema, acortando los plazos de temporalidad, como se había acordado con UGT y CCOO.
Porque no resuelve el grave problema de precariedad existente en este sector, la incorporación en el trámite parlamentario de la disposición adicional vigésimo tercera, que reproduce lo que se introdujo en la reforma laboral (Ley 35/2010),  recoge que no serán de aplicación al ámbito de la investigación tanto pública como privada, dos artículos del Estatuto de los Trabajadores:
- El 15.1 para que no se aplique en los contratos de investigación el límite de tres años en la duración de la contratación temporal.
- El 15.5 que limitaba la temporalidad y daba derecho a la estabilidad en el empleo por el encadenamiento de contratos, tras dos o más contratos temporales que superen los 24 meses en total.
Por tanto, lejos de intentar resolver el problema de precariedad han conseguido lo contrario, estableciendo para estos trabajadores una trato discriminatorio que algunos expertos consideran inconstitucional y que los condenara a una temporalidad permanente y a la consiguiente precariedad.
Resulta por tanto sorprendente que el Secretario de Estado de Investigación, Felipe Pétriz, se dedique en todas sus comparecencias públicas a señalar que “la nueva ley permitirá atraer doctores de prestigio mundial”, como si hasta ahora no pudiese hacerse, y como si esto fuese lo más importante de la ley. Imagino que estos doctores de prestigio se contrataran con el nuevo modelo de "contrato de investigador distinguido" que se podrá celebrar con investigadores españoles o extranjeros de reconocido prestigio en el ámbito científico y técnico, que se encuentren en posesión del título de doctor o equivalente y que tiene unos requisitos específicos recogidos en el artículo 23 de la ley. Supongo que habrá dinero suficiente para "fichar" a los mejores que investigaran o dirigirán equipos humanos, centros de investigación, instalaciones y programas científicos y tecnológicos singulares de gran relevancia lo que impulsará el necesario cambio productivo que todo el mundo defiende menos los que tienen el dinero para impulsarlo.
O tal vez no, y los supuestos investigadores distinguidos se encuentren rodeados de equipos humanos cabreados por su situación de precariedad, falta de promoción profesional y retribuciones recortadas en centros de investigación con presupuestos cada vez más bajos y desarrollen programas que respondan al fomento de la transferencia inversa del conocimiento liderada por el sector empresarial, es decir, que sean las grandes empresas las que decidan las prioridades y objetivos del sector público.
En fin, a lo mejor no se cambia el modelo productivo de este país, pero se facilita a las grandes empresas un modelo para que la investigación finalista y aplicada que ellas no hacen se la hagan desde el sector público a un módico precio.

Encuentros PORelfuturo de los Jóvenes. Entrevista a José Luis Sampedro.

 

Primera parte.

Segunda parte.

Como me gustan las cosas que dice este hombre. Además tiene una gracia fantástica.

Crónica de una farsa democrática, tercera parte.

Hace unos siete meses, publicaba una entrada en este blog en la que señalaba que la actuación de los causantes directos de la crisis de la Unión Sindical de CCOO de Salamanca y la intervención de la Comisión Ejecutiva de la Unión Sindical de CCOO de Castilla y León (en adelante USCyL) eran inexplicables para mi.

Hoy, una vez celebrado el X Congreso Extraordinario de la Unión Sindical de CCOO de Salamanca , tengo clara la explicación de todo el lío que algunos compañeros provocaron. Y efectivamente, como decía entonces, el viejo refrán “piensa mal y acertarás”  también servía para explicar la situación de crisis provocada.

Finalmente el líder de la revuelta, a pesar de que negó muchas veces su interés personal y alabó, al inicio de la crisis, el trabajo de la mayor parte de la anterior Comisión Ejecutiva y de Mercedes Elena (ex-Secretaria General) especialmente, es quien ha encabezado, con la bendición de la dirección de la USCyL, una de las candidaturas presentadas en el congreso y ha sido elegido Secretario General de CCOO en Salamanca. Creo que es un premio merecido para quien cumple obedientemente los mandatos de la dirección regional, verdadera dirección “en la sombra” de algunos de los elegidos ayer.

Me resultó muy esclarecedora una parte de la intervención de Ángel Hernández Lorenzo, Secretario General de la USCyL, concretamente la referida a la necesidad de reforzar la organicidad y la disciplina en CCOO, recuerdo que eran los principales argumentos de los dimisionarios. El resto de la intervención también me interesó, pero no me gustó nada y me sirvió para confirmar las diferencias que mantengo con su discurso, muy contradictorio, en mi opinión, porque llegó a pedir elecciones anticipadas en España para que tengamos un gobierno fuerte a la vez que apostaba por el pacto en la negociación colectiva para garantizar un trámite parlamentario sin cambios. Creo que ambas cosas a la vez no pueden ser, pero quizás no lo entendiese bien.

Curiosamente el recién elegido Secretario de Salamanca, Emilio Pérez, también eligió los mismos temas, organicidad y disciplina, para clausurar el Congreso, incluso algunos entendieron, yo me salí en ese momento, que amenazó a quienes no estaban con él. Bonita manera de comenzar un mandato de poco más de un año hasta el próximo congreso y de cerrar una crisis. Espero que la dirección en la sombra no haga lo mismo que en el anterior proceso congresual y si lo intenta espero que no se lo permitan.

En fin, parece que como siempre en CCOO los congresos no se cierran con la clausura y algunos ya están pensando en los que celebraremos en 2012. Pues bien parafraseando a Marcelino Camacho, varias veces citado ayer, “si te caes o te tiran te levantas y sigues siempre adelante, siempre a la izquierda”. Eso habrá que hacer.

La atención a la dependencia en Aragón funciona muy mal.

Hace algunos días escuchaba y leía una noticia que informaba de la posición relativa de Aragón en el desarrollo de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. El director general de Atención a la Dependencia del Gobierno de Aragón decía: “El 1 de febrero 2011, éramos la cuarta comunidad en personas atendidas en relación a la población y la tercera en calidad de atención".

Posiblemente las estadísticas respalden esa noticia, pero mi experiencia personal no. Éste último año he podido comprobar personalmente lo mal que funciona la atención de la dependencia en Aragón porque un familiar muy cercano con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) solicitó en el verano de 2010 a la administración autonómica que se realizase su valoración del grado y nivel de dependencia y ha fallecido sin que se concediese ninguna prestación ni servicio de los que reconoce la ley para quienes, como él, tienen el máximo grado de dependencia.

Desde la solicitud inicial presentamos varios escritos y realizamos varias reclamaciones verbales. Gracias a nuestra insistencia los propios funcionarios de la Consejería de Servicios Sociales y Familia nos facilitaron algunos trucos para intentar acelerar el proceso. Resulta sorprendente que estos trucos te los faciliten únicamente cuando protestas por el retraso injustificado de todo el procedimiento.

El consejo que nos dieron fue que solicitásemos la calificación de su grado de discapacidad (antes minusvalía) ante el Instituto Aragonés de Servicios Sociales que también depende de la Consejería de Servicios Sociales y Familia. El trámite citado se solventó rápidamente (un mes aproximadamente) con el reconocimiento de un gado de discapacidad del 98%.

Con ese reconocimiento de discapacidad enviamos un nuevo documento a la administración regional en el que le solicitábamos que URGENTEMENTE realizase la valoración correspondiente y se dictase la correspondiente resolución en la que se reconociese su dependencia y el derecho a percibir las prestaciones recogidas en la Ley para situaciones como la suya.

La valoración, es decir, la visita de los profesionales no se produjo; pero si recibimos una resolución en la que se reconocía su gran dependencia (grado III). Solo había que verlo, la ELA que padecía le ocasionaba una pérdida total de autonomía física y, por tanto, precisaba de la atención de otra u otras personas para realizar cualquier actividad básica de la vida diaria. Desde que lo levantaban hasta que lo acostaban, dependía totalmente de otra persona y durante la noche de una cama eléctrica que lo incorporaba y una máquina que lo ayudaba a respirar.

La enfermedad nos obligó a contar con cuidados profesionales permanentes que generaban unos gastos que no se podían satisfacer con su pensión. Si la familia no hubiese podido contribuir económicamente al mantenimiento de estos gastos la situación habría sido terrible o peor, ¿que habría pasado si no hubiese tenido familia? o ¿si su familia no hubiese podido afrontar los gastos?

La atención a la dependencia es, por ley, un derecho subjetivo de todas aquellas personas que, por edad o por su situación de discapacidad, necesitan atender necesidades básicas con ayuda de otras personas.  La Ley de Atención a la dependencia fue un avance muy importante en la equiparación de España con Europa.

La Ley debería irse aplicando de forma progresiva atendiendo primero a las personas con mayor nivel de dependencia hasta llegar a cubrir a todas las personas dependientes.  Estamos ya en el ecuador de la aplicación de la Ley, que se aprobó a finales de 2006, e inició su andadura en 2007.

Es lamentable que la realidad sea maquillada con estadísticas, datos oscuros, opacos y, a veces, inventados. Es imprescindible y urgente aplicar adecuadamente la ley de dependencia, todavía más en tiempos de crisis.
Hay que exigir a los políticos de Aragón y del resto de España compromiso político y presupuestario con las personas más débiles y más necesitadas. La atención a la Dependencia es un desastre en nuestro país y también lo es en Aragón a pesar de lo que digan las estadísticas.

'Castilla y León no ha logrado implicar de forma decidida a las empresas I+D'

'Castilla y León no ha logrado implicar de forma decidida a las empresas I+D' | Castilla y León | elmundo.es
El Mundo de Castilla y León de hoy publicaba una entrevista a la ministra Garmendia que titulaba como el encabezamiento del post.

Pero lo cierto es que ese problema no es exclusivo de nuestra comunidad.
Ni en Castilla y León ni en el resto de España se ha logrado implicar de forma decidida a las empresas en I+D.

Los datos son indiscutibles, el objetivo definido en la Estrategia de Lisboa para 2010 era un 3% del Producto Interior Bruto (PIB) para el gasto en I+D, el 1% del PIB en gasto público y el 2% del PIB en gasto privado.

La realidad es que en 2009, en España se invirtió el 1,38% del PIB en I+D, el 0,67% se gasto en los organismos públicos (OPIs y Universidades) y el 0,71% en las empresas, que por cierto rebajaron su inversión en un 3% respecto al año 2008.

Por tanto, en Castilla y León tenemos el mismo problema que en el resto de España.