1 de Mayo en Salamanca. Miles de personas reivindicando Trabajo, Dignidad y Derechos.

Estrenando la Reforma Laboral. Despidos por absentismo.

Las mentiras del PP, el abaratamiento del despido y el despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en el Sector Público

En este vídeo han recogido unas cuantas declaraciones de dirigentes del PP prometiendo no abaratar el despido y criticando al PSOE por no pactar la reforma de 2010. Pero lo más divertido de todo es que ahora pretenderán convencernos de que no se abarata el despido igual que pretenden persuadir a los ciudadanos de que no están recortando los servicios públicos.

Es lamentable que se engañe a los votantes con tanto descaro, especialmente la señora Cospedal, la de la mantilla en las procesiones y la del “cigarral” de varios millones de euros. Escuchando lo que hoy ha dicho y lo que decía en éste video comprendo mucho mejor y comparto totalmente los improperios que ayer le dedicaban los manifestantes “en defensa de los servicios públicos” en Toledo.

Respecto al despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en el Sector Público. La Disposición adicional segunda. Aplicación del despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en el Sector Público del RDL 3/2012, publicado ayer en el BOE dice lo siguiente:
Se añade una disposición adicional vigésima al Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, con el siguiente contenido.
«El despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción del personal laboral al servicio de los entes, organismos y entidades que forman parte del sector público de acuerdo con el artículo 3.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, se efectuará conforme a lo dispuesto en los artículos 51 y 52.c) del Estatuto de los Trabajadores y sus normas de desarrollo y en el marco de los mecanismos preventivos y correctivos regulados en la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las Administraciones Públicas.
A efectos de las causas de estos despidos en las Administraciones Públicas a que se refiere el artículo 3.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, se entenderá que concurren causas económicas cuando se produzca en las mismas una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos correspondientes. En todo caso, se entenderá que la insuficiencia presupuestaria es persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos. Se entenderá que concurren causas técnicas, cuando se produzcan cambios, entre otros en el ámbito de los medios o instrumentos de la prestación del servicio público de que se trate y causas organizativas, cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal adscrito al servicio público.»
1ª Pregunta. ¿Que dice el artículo 3.1 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011?
Dice así: Artículo 3. Ámbito subjetivo
1. A los efectos de esta Ley, se considera que forman parte del sector público los siguientes entes, organismos y entidades:
a) La Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las Entidades que integran la Administración Local.
b) Las entidades gestoras y los servicios comunes de la Seguridad Social.
c) Los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales, las Universidades Públicas, las Agencias Estatales y cualesquiera entidades de derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas a un sujeto que pertenezca al sector público o dependientes del mismo, incluyendo aquellas que, con independencia funcional o con una especial autonomía reconocida por la Ley, tengan atribuidas funciones de regulación o control de carácter externo sobre un determinado sector o actividad.
d) Las sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de entidades de las mencionadas en las letras a) a f) del presente apartado sea superior al 50 por 100.
e) Los consorcios dotados de personalidad jurídica propia a los que se refieren el artículo 6.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y la legislación de régimen local.
f) Las fundaciones que se constituyan con una aportación mayoritaria, directa o indirecta, de una o varias entidades integradas en el sector público, o cuyo patrimonio fundacional, con un carácter de permanencia, esté formado en más de un 50 por 100 por bienes o derechos aportados o cedidos por las referidas entidades.
g) Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social.
h) Cualesquiera entes, organismos o entidades con personalidad jurídica propia, que hayan sido creados específicamente para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o mercantil, siempre que uno o varios sujetos pertenecientes al sector público financien mayoritariamente su actividad, controlen su gestión, o nombren a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia.
i) Las asociaciones constituidas por los entes, organismos y entidades mencionados en las letras anteriores.
2ª Pregunta. ¿Que causas económicas permiten el despido en las Administraciones Públicas?
Cuándo la insuficiencia presupuestaria sea sobrevenida y persistente. Es decir, cuando esa insuficiencia se produce durante tres trimestres consecutivos, en una definición similar al despido privado: reducción de ventas tres trimestres seguidos.
3ª Pregunta. ¿Que causas técnicas u organizativas permiten el despido en las Administraciones Públicas?
Parece que cuando se produzcan cambios, entre otros en el ámbito de los medios o instrumentos de la prestación del servicio público de que se trate y cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal adscrito al servicio público. Es decir, cuando se privaticen servicios y se amorticen plazas y …..

Vuelve aquello de “que inventen ellos”.

Parece que la frase “que inventen ellos” de Unamuno vuelve a tener vigencia en nuestro país.
El Ministro De Guindos afirmó que en I+D+i la regla para el futuro es “que tendremos que hacer más con menos recursos".
Yo diría que con muchos menos recursos, sobre todo si tenemos en cuenta los recortes que se han producido en I+D+i en los últimos años y la pérdida de empleo que se producirá en el sector como consecuencia de la aplicación de lo establecido en el Real Decreto Ley de 30 de diciembre de 2012.  Por tanto, me atrevo a pronosticar que la regla del Ministro no se cumplirá, y seguramente haremos menos de lo que hacíamos y mucho menos de lo que deberíamos hacer.
La revista Nature recomendaba recientemente a España, Grecia e Italia invertir en I+D, el artículo decía: “España, Italia y Grecia tienen nuevos gobiernos y nuevas leyes sobre investigación. A pesar de las presiones de austeridad económica, investigar en ciencia puede traer beneficios desproporcionados.”
Pero lo cierto es que para 2012 habrá nuevos recortes que se sumaran a los de 2011 y 2010. El acuerdo de no disponibilidad de crédito que limita el presupuesto de los diferentes ministerios durante el primer trimestre de 2012 supone una reducción de 600 millones de €, es decir se produce una nueva reducción del 7% sobre el presupuesto de 2011 para I+D+i.
Recordemos que en los Presupuestos Generales del Estado para 2011 la previsión de gasto en todos los ministerios para I+D+i fue de 8.494,36 millones de euros - el 0,79% del Producto Interior Bruto (PIB) previsto en 2011- lo que supuso una reducción neta del 8,4% sobre el presupuesto aprobado en 2010.
Además de los recortes citados, se está produciendo una pérdida significativa de empleo en el sector debido a la congelación de la oferta de empleo público y a la limitación de la contratación temporal para 2012.
Esta medida tiene dos efectos, por un lado, afecta a las plazas de los empleados públicos que se jubilan y se amortizan, y por otro lado, la congelación de plantillas afecta a los contratados temporales del sector público: se eliminan los procesos de consolidación de la contratación temporal y, dependiendo de cómo se interprete, la prohibición de hacer nuevos
contratos temporales, puede terminar afectando a aquellos que requieran de
renovación.
Por tanto, los significativos recortes en I+D+i tendrán profundas consecuencias en el sector, habrá menos dinero y menos personas, y en el modelo de crecimiento que se configure cuando logremos remontar la crisis. Es imposible apostar por un desarrollo más sano, sostenido y sostenible y menos vulnerable a los cambios de ciclo si renunciamos a invertir en nuevas herramientas competitivas como son las que se basan en el conocimiento.
Lamentablemente parece que volvemos al “que inventen ellos” de don Miguel.

¿Estamos satisfechos con nuestros servicios públicos?

Hace algunos días comentaba con unos compañeros los recortes que los gobiernos de derechas (CiU y PP) están aplicando en muchas de las CCAA que gobiernan y nos preguntábamos qué propuestas llevaba el PP en su programa electoral respecto a los servicios y empleados públicos.
En el texto se recogía la necesidad de eliminar “duplicidades”, “solapamientos” e “ineficiencias” en la prestación de servicios y un “redimensionamiento de la Administración y del personal” a la vez que se proponían incentivar el uso de “modelos eficientes de colaboración público-privada con responsabilidad y control públicos”. Parece, pues, que había una propuesta clara por reducir los efectivos en plantilla y eso es lo que están haciendo, a pesar de que es lo contrario de lo que necesitamos como señalaba en mi anterior post.
Respecto a las supuestas “ineficiencias” “duplicidades” y “solapamientos” que provocan en los ciudadanos “insatisfacción con los servicios públicos que reciben” resaltaré alguna de las conclusiones del informe publicado en junio de 2011 por la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios (Ministerio de Política Territorial y Administración Pública) sobre “Satisfacción con los servicios, valoración del gasto, confianza en los empleados públicos y actitudes hacia la e-administración”.
En este informe se analiza la percepción de los ciudadanos sobre los servicios públicos en España. Los datos utilizados proceden de encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) y de la serie de encuestas “Calidad de los Servicios Públicos” diseñada y explotada por el Observatorio de Calidad de los Servicios dependiente de la Agencia mencionada en el párrafo anterior.
Las conclusiones respecto a la satisfacción de los ciudadanos con los servicios públicos sectoriales establecen que más de la mitad de los ciudadanos residentes en España están muy o bastante satisfechos con el funcionamiento de los servicios públicos en general, es decir, con los servicios que prestan la administración general, autonómica y local. Solo una pequeña parte de la población se siente nada satisfecha con los mismos.
No obstante, la satisfacción con los servicios varia significativamente en función del sector de política pública. Mientras que, por ejemplo, los servicios vinculados con el transporte público, la sanidad y la enseñanza pública reúnen a un buen porcentaje de satisfechos, en relación con la administración de justicia ocurre lo contrario.
Cuando se pide a los ciudadanos una valoración retrospectiva del funcionamiento de los servicios en general en torno al 85% consideran que han mejorado o que funcionan igual que hace 5 años. La percepción de mejoras también varia en función del sector de política pública que vuelven a coincidir en el caso de la sanidad y enseñanza pública.
En relación con la confianza de los ciudadanos en los empleados públicos, la evidencia muestra que, a pesar de los estereotipos negativos que operan en relación con los funcionarios en general, el 55% del los encuestados afirma tener mucha o bastante confianza en ellos. Respecto a los colectivos específicos de empleados públicos existe una confianza muy elevada en médicos, profesores, trabajadores sociales, bomberos y Fuerzas y Cuerpos de seguridad del estado. El porcentaje disminuye sensiblemente respecto a jueces, inspectores de hacienda y diplomáticos.
Por último señalare que en el informe se afirma que más de 75% de los encuestados se muestra muy o bastante satisfecho con la profesionalidad y el trato dispensado por los empleados públicos.
Estos son algunos datos que nos permiten cuestionar muchos de los tópicos que interesadamente se difunden desde determinados altavoces y afirmar que los estudios ponen de manifiesto áreas de mejora específicas y también satisfacción con la prestación de servicios públicos y confianza en sus empleados.
La reforma de las Administraciones Públicas que necesitamos debe servir para homologarnos con los países de nuestro entorno y mejorar la calidad de los servicios que se prestan, pero no parece que las cosas vayan por ese camino.